lunes, octubre 15, 2007

Sebastian Edwards llama a recuperar la audacia


05-10-2007
Por Sebastián Edwards
Revista Capital


Nuestra costosa inflexibilidad Es importante entender que una profunda reforma
del mercado del trabajo no tiene por qué traducirse en desprotección de los trabajadores o en mayor precariedad laboral. De hecho, es perfectamente posible modernizar nuestra legislación y al mismo tiempo aumentar los ingresos de los más pobres y la protección de los asalariados.

En sus memorias, Alan Greenspan dice que lo más
importante que aprendió en sus 18 años como
chairman de la Reserva Federal es que la economía
de los Estados Unidos es enormemente sólida y
resistente. El ejemplo más claro es que el
mercado bursátil se recuperó a las pocas semanas
del atentado a las Torres Gemelas. Más aún,
durante el cuarto trimestre de 2001 el PIB creció
a un ritmo acelerado y la tasa de desempleo cayó en forma substancial.

Según el ex banquero central, estas
características de la economía estadounidense se
explican, esencialmente, por su gran flexibilidad
y capacidad de adaptación. En la página 255 de
The age of turbulence, Geenspan escribe: “Un
determinante fundamental del éxito económico es
el grado de flexibilidad de una economía y, por
tanto, su capacidad para resistir choques
externos. Para ser flexible, un mercado
competitivo debe tener la libertad de adaptarse,
lo que significa que los participantes deben ser
capaces de reasignar sus recursos de la manera que sea más
conveniente”.

Lo planteado por Greenspan es, desde luego,
razonable e intuitivo. En una economía
globalizada todo cambia a gran velocidad. Como en
Alicia a través del espejo, un país que no avanza
lo más rápido que puede, se queda atrás en
relación a otras naciones. Esto es, precisamente,
lo que está pasando en Chile. El retroceso en el
ranking del Banco Mundial sobre facilidad para
hacer negocios no se explica porque hayamos
implementado políticas particularmente dañinas;
lo que pasa es que mientras nosotros hemos
marcado el paso, el resto del mundo ha seguido avanzando.

Pero lo más preocupante no es la caída en nueve
puestos en ese influyente ranking. Lo más
preocupante es que el tema no parece molestarles
a nuestras autoridades. Todo sugiere que al
interior de la Concertación el sector
socialdemócrata está ganando influencia y poder,
y que los aumentos de productividad y el
crecimiento económico han pasado a ser objetivos
de segundo plano. Ya no se habla de la
experiencia danesa ni de su tan publicitada
“flexiguridad”; no se habla de modernizaciones
profundas ni de reformas que vayan a aumentar la
eficiencia. Al contrario, todo parece indicar que
habrá más regulaciones y menor capacidad de adaptación.

Tanto así, que según un artículo reciente, el
ministro del Trabajo Osvaldo Andrade dijo que no
es necesario flexibilizar el mercado laboral. El
ministro afirmó: “Chile es el país más flexible
de los que integran la OCDE, con los cuales nos comparamos”.

Yo no sé qué información está usando el ministro,
ni con qué países nos está comparando. Pero lo
que sí sé es que si se usan los indicadores
habitualmente utilizados por los estudiosos del
tema, y si hacemos una comparación exigente –si
nos comparamos con los países avanzados que
exportan commodities, como Australia, Nueva
Zelanda y Canadá, por ejemplo– el resultado es desalentador.

Uno de los índices más respetados sobre el grado
de adaptabilidad del mercado del trabajo es el
calculado por el Banco Mundial en su ejercicio
Doing Business. Según este indicador Chile está
en el lugar 59, entre 178 países. Esta es una
pobre ubicación cuando se le compara con los
países avanzados exportadores de commodities, los
que están, en promedio, en el lugar 11 de este
ranking. Otro índice que mide el grado de
dinamismo del mercado del trabajo es el calculado
por el Fraser Institute de Canadá. Este indicador
va de 1 a 10 y números más altos señalan mayor
flexibilidad. Chile tiene un índice de 5,3, lo
que es pobre en comparación con el 6,8 de los
exportadores de commodities. Si nos comparamos
con los llamados Tigres Asiáticos los resultados
tampoco nos favorecen, puesto que el índice para
este grupo es 6,7, muy superior al de nuestro país.

El profesor James Heckman, ganador del premio
Nobel de Economía del año 2000, también ha
calculado una batería de índices sobre los costos
de las regulaciones laborales en una serie de
países. Según este análisis, en Chile es siete
veces más caro despedir a un trabajador que en
los países avanzados exportadores de commodities.

Y según un extenso estudio dirigido por el
profesor de Harvard Andrei Schleifer, el mercado
laboral chileno es 67% más rígido que el de los
países avanzados que exportan commodities, y
también que el de los Tigres Asiáticos. Estos
resultados son particularmente importantes, ya
que para construir estos índices, el profesor
Shleifer y sus colegas analizaron con lujo de
detalles 32 características de la legislación laboral en decenas de
países.

Los índices calculados por académicos
prestigiosos e influyentes nos entregan un cuadro
consistente e inquietante: nuestra economía es
mucho más rígida que la de aquellos países
exitosos a los que aspiramos parecernos.

Ello indica que si queremos dejar de ser los
eternos campeones de la Tercera División, y nos
interesa subir a la Liga de Honor, debemos
modernizar nuestra legislación laboral. Al
contrario de lo que dijo el ministro Osvaldo
Andrade, esta es una labor que no puede
postergarse. Es importante entender, sin embargo,
que una profunda reforma del mercado del trabajo
no tiene por qué traducirse en desprotección de
los trabajadores o en mayor precariedad laboral.
De hecho, es perfectamente posible modernizar
nuestra legislación y al mismo tiempo aumentar
los ingresos de los más pobres y la protección de
los asalariados Una propuesta concreta es
implementar un impuesto negativo al ingreso. La
idea es antigua y simple: todo trabajador obtiene
un crédito tributario por una cantidad
determinada –digamos 100 mil pesos mensuales, en
promedio–, independientemente de sus obligaciones
impositivas. Aquellos que por tener ingresos muy
bajos están exentos de impuestos a la renta
reciben este crédito en la forma de una transferencia monetaria o
subsidio.

Una segunda propuesta que va en la misma
dirección es utilizar parte de los fondos del
cobre para prefinanciar un seguro de desempleo
que pague benefi cios adecuados en el evento de
pérdida del trabajo. Este seguro reemplazaría al
actual y costosísimo sistema de indemnizaciones
por años de servicios. Como sugirió hace unos
meses el senador Carlos Ominami, un seguro de
desempleo bien diseñado es más eficiente y
socialmente más equitativo que el sistema actual.

Muchos dirán que las ideas presentadas aquí son
demasiado ambiciosas y atrevidas. Es verdad; lo
son. Pero de eso, precisamente, se trata: lo que
el país necesita con urgencia es recuperar la
audacia de la política económica, para así
retomar la senda del crecimiento sostenido y del progreso.

Sebastián Edwards, Ph.D. en Economía de la
Universidad de Chicago, es profesor de Economía
Internacional en la UCLA, California.

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